La Corte Constitucional suspendió el decreto 1390 de 2025, el cual declaraba el estado de emergencia económica y social en el país. La decisión se tomó con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, tras considerar que la medida podría no cumplir los requisitos de imprevisibilidad y necesidad.
Por qué importa: la importancia de la suspensión de la emergencia económica radica en que establece un límite a las facultades extraordinarias del Ejecutivo y genera un impacto directo en las finanzas públicas y el equilibrio de poderes.
- Es la primera vez que la Corte Constitucional aplica una medida cautelar de suspensión provisional contra un decreto legislativo de excepción.
- La decisión refuerza que el estado de excepción no puede utilizarse como un mecanismo para sustituir las competencias del Congreso de la República.
El panorama: un recorte del gasto público en el contexto actual de Colombia afectaría principalmente la inversión pública, debido a la alta rigidez del Presupuesto General de la Nación (PGN). Dado que el 93 por ciento del presupuesto está comprometido en gastos que no se pueden reducir por mandato legal —como el pago de deuda, pensiones y transferencias a regiones—, cualquier ajuste fiscal recae desproporcionadamente en los recursos destinados a obras y proyectos de desarrollo
Sí, pero: el presidente Gustavo Petro vinculó el déficit al subsidio de la gasolina y a las tasas de interés del Banco de la República. Afirmó que la suspensión del decreto provocará un encarecimiento de la deuda pública.
- Con la decisión quedan pausados impuestos a la extracción de hidrocarburos y carbón, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas y el IVA a los juegos de suerte y azar por internet.
- El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra el alto tribunal afirmando que la decisión busca “proteger a los más ricos”.
La otra cara: El académico, economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, había entregado a la Corte un documento donde analiza las razones del Gobierno para la declaratoria. Sus conclusiones indican:
- Ausencia de hechos nuevos. González afirmó que ninguna de las razones invocadas es sobreviniente o imprevista. Sostuvo que los problemas son estructurales y han sido documentados previamente por organismos de control y el propio Gobierno.
- Señaló que el déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de salud y el deterioro del orden público ya estaban identificados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
- Argumentó que el problema fiscal no se debe a la falta de impuestos, sino a la administración de los fondos. Mencionó que se han gastado 44 billones de pesos en regalías sin lograr transformaciones.
- Explicó que existe una brecha entre los ideales del discurso gubernamental y la complejidad de su realización práctica.
Lo que viene: según datos de la DIAN, con corte al 22 de enero, el recaudo total bajo el amparo de la emergencia ascendía a COP 800.000 millones.
- Existe incertidumbre sobre la devolución de estos dineros. Expertos indican que dependerá de si la Corte otorga efectos retroactivos a su fallo final o si sostiene los pagos ya realizados para evitar vacíos administrativos.
- El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de prorrogar la emergencia hasta por 90 días o buscar opciones alternativas para cubrir un faltante estimado en COP 16,3 billones.
Lo que dicen: personajes de la oposición celebraron la medida como un límite al poder ejecutivo, mientras alguna agremiaciones ven en la suspensión un alivio para la estabilidad económica.
- Paloma Valencia aseguró que la Corte acogió su solicitud y criticó que el Gobierno intentara “saltarse al Congreso”.
- Vicky Dávila sostuvo que la emergencia buscaba «comprar las elecciones» y que los magistrados protegieron a los colombianos del “abuso”.
- María Fernanda Cabal calificó la noticia como excelente frente a un decreto «arbitrario» que buscaba “exprimir a los colombianos”.
- Daniel Briceño afirmó que con el fallo se cae un decreto diseñado para financiar la “burocracia y el derroche”.
- El presidente de Analdex, Javier Díaz, calificó la medida como positiva para evitar “daños a la economía nacional” mientras se estudia el fondo del asunto.
- El Consejo Gremial Nacional había cuestionado la legalidad del decreto advirtiendo que generaba inseguridad jurídica y que no cumplía los requisitos constitucionales.