El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC (MinTIC), ha lanzado un borrador de decreto que busca permitir a las empresas de servicios postales ofrecer cuentas postales, giros y transferencias,. La iniciativa pretende profundizar la inclusión financiera, pero ha encendido alarmas críticas en el sector bancario y regulador.
Por qué importa: el proyecto busca que los operadores postales de pago (Ospp) dejen de ser simples tramitadores de giros inmediatos para convertirse en administradores de recursos del público a través de depósitos transaccionales.
Los pros: el objetivo principal defendido por MinTIC es que poblaciones vulnerables en zonas rurales o de difícil acceso, donde la banca tradicional no llega, puedan acceder a servicios financieros.
- La red postal cuenta con aproximadamente 52.000 puntos en todo el país, superando la presencia física del sector financiero tradicional.
- Se busca fomentar el diseño de ofertas innovadoras y modelos de negocio que dinamicen el sector postal.
- Según Asopostal, la iniciativa reglamenta derechos ya consagrados en la Ley 1369 de 2009 y tratados internacionales (Tratado de Ginebra).
Los contra: gremios como Asobancaria y Colombia Fintech denuncian que los operadores postales captarían dinero sin cumplir los mismos estándares de capital, solvencia y rigor exigidos a los bancos o las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe).
- A diferencia del sistema financiero, estas cuentas postales no contarían con el respaldo del seguro de depósito de Fogafín.
- Existe preocupación por la laxitud en los controles contra el lavado de activos (Sarlaft) y la posible facilitación de captaciones ilegales.
- El Banco de la República advierte que esto crearía un sistema de pagos paralelo que podría debilitar el avance de la plataforma Bre-B y fomentar el uso de efectivo.
Quiénes están detrás: varios intereses se mueven sobre la mesa.
- Impulsores: el Ministerio de las TIC, bajo la premisa de modernizar el sector, y Asopostal, el gremio que defiende la capacidad técnica y la robustez de su red para apoyar al sistema financiero.
- Opositores: una coalición de reguladores y gremios que incluye al Banco de la República, la Superintendencia Financiera, la Unidad de Regulación Financiera (URF), Asobancaria y Colombia Fintech.
El dato: el portal La Silla Vacía indica que al menos dos empresas de giros que “aparecieron de alguna manera en la campaña del presidente Gustavo Petro” estarían beneficiadas.
- Una es la firma SuperGiros, que fue mencionada en los petrovideos revelados por Semana. En la grabación, Roy Barreras, exsenador y embajador en el Reino Unido mencionó que la firma —que ha negado acercamiento alguno— apoyó económicamente la campaña de Petro y que querían “avanzar hacia un sistema cooperativo financiero”, similar a la propuesta de decreto.
- La otra firma es Paynet, del contratista Euclides Torres, quien básicamente monopoliza el manejo de los trámites del sector transporte y es reconocido financiador de la campaña de Petro, recordado por la famosa tarima en P en Barranquilla.
Lo que sigue: aunque aún no se ha expedido el borrador de decreto aún, el gobierno deberá analizar las observaciones de los reguladores, quienes han solicitado formalmente abstenerse de expedir la normativa por considerarla inconveniente para la estabilidad financiera del país.