La administración central reafirmó su postura económica al firmar el nuevo decreto que mantiene el salario mínimo en COP 1.750.905 para 2026. Esta medida busca subsanar los vacíos de fundamentación técnica señalados por el alto tribunal sin retroceder en el monto fijado.
Por qué es importante: el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 al considerar que el Gobierno no justificó adecuadamente el uso del concepto salario vital por encima de criterios técnicos tradicionales como la inflación y la productividad. En respuesta, el Ejecutivo emitió una nueva norma este 19 de febrero para evitar un vacío legal.
Lo que dicen: el presidente Gustavo Petro defendió la vigencia de la cifra durante una movilización en la Plaza de Bolívar, argumentando que el ajuste es una obligación constitucional.
- “No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando… le hicimos caso al magistrado: metimos los estudios de productividad laboral y de canasta mínima vital”, dijo.
El panorama general: el aumento del 23,7 por ciento es uno de los más altos en la historia reciente de Colombia. Mientras el Gobierno argumenta que es una herramienta de justicia social para recuperar el poder adquisitivo, los gremios empresariales advierten que la cifra triplica la inflación proyectada, lo que podría reducir el valor del dinero y desestabilizar la estructura de costos de las empresas.
Entre líneas: al emitir un nuevo decreto transitorio de contenido, el Gobierno busca cumplir con el mandato judicial de fundamentación detallada sin ceder en la cifra. La apuesta es que, al incluir el análisis técnico de inflación (5,3 por ciento a cierre de 2025) y productividad, el tribunal valide la discrecionalidad del Ejecutivo para fijar el monto ante la falta de concertación.
Lo que sigue: las empresas deben continuar pagando sobre la base de los COP 2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte), ya que el nuevo decreto mantiene la vigencia del alza mientras se resuelve el fondo de la demanda.
- La decisión de fondo del Consejo de Estado sobre la legalidad del aumento aún está pendiente.
- Analistas y gremios como la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) sostienen que este incremento podría indexar al alza los precios de servicios y bienes básicos, presionando la meta de inflación del Banco de la República.
- Aún así, la el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master hizo un llamado para que los empresarios sostuvieran el alza del salario mínimo, independientemente de cualquier determinación judicial.
- Existe el riesgo de que el costo no salarial (prestaciones y seguridad social) incentive la informalidad en pequeñas y medianas empresas que no puedan absorber el ajuste.