El Gobierno concretó la venta del 32,5 por ciento de su participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) a Millicom por más de COP 856.000 millones, marcando su salida definitiva de la compañía.
Mientras la multinacional de Luxemburgo consolida el control de dos gigantes del sector (Tigo y Movistar), la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto una lupa estricta sobre el destino de los recursos, exigiendo que se inviertan en cerrar la brecha digital y no se diluyan en el presupuesto general.
Por qué importa: la operación oficializada este 24 de abril de 2026 reconfigura el mapa de las telecomunicaciones en Colombia al eliminar la presencia pública en Coltel. Millicom, operador de Tigo, ahora posee el control tras haber adquirido previamente el 67,5 por ciento de Telefónica, lo que genera un actor dominante en telefonía móvil y conectividad.
Los detalles: la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) confirmó que la venta se realizó bajo las siguientes condiciones:
- Monto total: COP 856.002 millones.
- Precio por acción: COP 772,38.
- Volumen: 1.108.266.271 acciones adjudicadas.
- Comprador único: Millicom fue el único interesado precalificado en la subasta.
- Fecha clave: El cumplimiento de la operación y transferencia de acciones está programado para el 27 de abril de 2026.
Sí, pero…: la Contraloría General de la República ha intensificado su vigilancia fiscal sobre esta operación. El ente de control ha sido enfático en tres puntos:
- Seguimiento estricto: el control fiscal se mantendrá sobre la empresa mientras existan recursos públicos comprometidos en el proceso.
- Exigencia de información: ha ordenado a los ministerios de Hacienda y TIC detallar exactamente a qué proyectos se destinarán los fondos.
- Valoración del activo: se supervisa que el precio de venta y el ingreso de los recursos al Tesoro Nacional cumplan con el Decreto 1481 de 2025.
Entre líneas: el gran debate no es solo la venta, sino qué se hará con el dinero. El Ministerio de Hacienda indicó que los recursos entrarán al presupuesto nacional para inversiones estratégicas en futuras vigencias. Sin embargo, la Contraloría advierte que el reto de Colombia va más allá de los cables: el 34,7 por ciento de la brecha digital actual se debe a la falta de habilidades digitales en la población, no solo a la falta de infraestructura.
Lo que sigue: Se espera que el 29 de abril se realice el cierre oficial del proceso. El Gobierno deberá demostrar que la inversión de estos COP 856.000 millones prioriza el fortalecimiento del capital humano digital y la alfabetización tecnológica, condiciones que la CGR considera necesarias para que la venta tenga un impacto social real y sostenible.