La Superintendencia de Servicios Públicos detectó que la “intermediación excesiva” en el mercado mayorista ha generado en lo corrido de 2026 sobrecostos de COP 59,58 por kilovatio hora para los usuarios finales.
Por qué importa: el mercado mayorista de energía está experimentando una aparente distorsión en la formación de precios debido a una creciente participación de comercializadores puros que si bien actúan como puentes en el mercado mayorista eléctrico, también añaden capas de costo al sistema.
Lo que dicen: “Existen comercializadores de energía que no atienden usuarios sino que se dedican a comprar y vender energía a los que sí atienden usuarios. La regulación debe analizar a fondo esta situación para garantizar costos eficientes para los usuarios“, destacó el superintendente Felipe Durán.
Las cifras: un análisis estructural realizado por la entidad entre los años 2020 y 2025 revela una tendencia alcista:
- Crecimiento acelerado: la intermediación pasó de representar cerca del 9 por ciento en 2020 a aproximadamente el 25 por ciento en 2026. La energía transada por intermediarios casi se triplicó en volumen absoluto entre 2020 y 2025
- Impacto directo: esta dinámica ha generado un sobrecosto promedio de COP 59,58 por kilovatio hora (kWh) en la tarifa que finalmente paga el consumidor.
- Concentración: se observa una alta concentración de ingresos y resultados financieros en un grupo reducido de empresas.
Entre líneas: la Superservicios identificó que también algunos generadores puros están vendiendo más energía de la que tienen capacidad de producir.
- Esto los obliga a comprar energía adicional en el mercado mayorista para cumplir sus compromisos, reforzando un ciclo de reventa que encarece el producto final.
Lo que sigue: el superintendente Durán anunció un seguimiento especial al comportamiento de estos agentes y formuló recomendaciones clave a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG):
- Revisión normativa: evaluar el impacto real de la intermediación para ajustar la regulación.
- Transparencia: promover condiciones de competencia que eviten la formación artificial de precios.
- Vigilancia: si se encuentran incumplimientos legales, se adoptarán medidas administrativas y sancionatorias.