El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme las sanciones contra la campaña Petro Presidente. Concluyó que se superaron los límites de gasto permitidos en más de COP 5.300 millones y se recibieron recursos no contabilizados.
Por qué es importante: la ratificación ahonda la crisis institucional, enfrentando al Ejecutivo con la autoridad electoral. Además pone en duda la transparencia de la financiación de la coalición Pacto Histórico.
Los detalles: la investigación, abierta en 2023, determinó que la campaña incurrió en prácticas contables que distorsionaron su realidad financiera. Entre las irregularidades destacan:
- Omisión de aportes: no se reportaron COP 500 millones donados por Fecode y otros aportes de la USO.
- Triangulación de recursos: gastos asociados a testigos electorales y transporte aéreo que no figuraron en los informes oficiales.
- Exceso de topes: en la primera vuelta, la vulneración se estimó en COP 3.709 millones, mientras que en la segunda vuelta fue de COP 1.646 millones.
El factor: Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol es uno de los principales sancionados.
- El CNE determinó, según su decisión, que Roa actuó con dolo al encubrir aportes y simular facturaciones.
- La Fiscalía General de la Nación puede imputarle cargos próximamente por estas presuntas irregularidades.
Lo que dicen: el presidente Gustavo Petro ha rechazado tajantemente el fallo, calificándolo como una persecución de la oposición y un intento de indignidad política para sacarlo del cargo.
- Petro argumenta que el CNE no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio y que se está violando su fuero constitucional.
- “No aceptamos juicios administrativos anticonstitucionales y hechos por la oposición política”, dijo el mandatario en su perfil de X.
Entre líneas: si bien el CNE tiene facultad para imponer multas económicas que superan los COP 5.000 millones, el Consejo de Estado aclaró que este organismo no puede destituir al presidente.
Lo qué sigue: el caso tiene la posibilidad de ser trasladado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único órgano competente para adelantar un proceso contra el jefe de Estado.