Aspecto de almacén de Lili Pink en centro comercial de Barranquilla.
Aspecto de almacén de Lili Pink en centro comercial de Barranquilla. Crédito: Divulgada / Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red transnacional que habría lavado COP 730.000 utilizando a la operadora de la marca Lili Pink, Fast Moda S.A.S., como pieza central. El operativo impuso medidas cautelares sobre 405 establecimientos y 40 inmuebles en 59 ciudades y municipios del país.

Por qué importa: La investigación no solo reveló lavado de dinero, sino también un enriquecimiento ilícito de particulares que superaría los COP 430.000 millones. A pesar de los embargos, los locales seguirán operando bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proteger más de 2.300 empleos directos mientras avanza el proceso judicial.

Siguiendo la noticia: la Fiscalía identificó que el esquema financiero se dividía en tres grandes frentes de impacto económico:

  • Lavado de activos: COP 730.000 blanqueados mediante la simulación de operaciones de comercio exterior y el uso de empresas fachada.
  • Enriquecimiento ilícito: más de COP 430.000 millones obtenidos por particulares vinculados a la red.
  • Contrabando y aprehensiones: se estima que el contrabando asociado supera los COP 75.000 millones, adicional a los COP 54.000 millones en mercancía decomisada previamente por la DIAN.

Los antecedentes: antes de la intervención masiva de 2026, la marca y su operadora Fast Moda S.A.S., representada legalmente por Lorena Bernal Castro, ya habían enfrentado múltiples derrotas en los tribunales colombianos que sirvieron como señales de alerta para las autoridades.

  • La investigación actual se originó en 2022, cuando un software de control interno detectó accesos sospechosos de funcionarios y comportamientos atípicos en solicitudes de devolución de IVA vinculadas a la empresa.
  • La DIAN ya había aprehendido 19.703 bultos de textiles, confecciones y productos misceláneos en bodegas relacionadas con la marca.
  • Fast Moda S.A.S. interpuso tutelas alegando violación al debido proceso y a la libertad de empresa, pero todas fueron negadas por la justicia.
  • Se documentó que la marca operó bajo los nombres Innova Quality S.A.S. y Pink Life S.A.S. antes de consolidarse como Fast Moda S.A.S.. Las autoridades investigan presuntas maniobras para evadir deudas y fragmentar la responsabilidad legal ante sentencias judiciales.

Entre líneas: la gobernanza de Lili Pink está estructurada a través de holdings Panamá, un esquema que la Fiscalía describe como diseñado para dificultar la trazabilidad del dinero.

  • Lili Brands Inc. es la holding panameño que adquirió la marca en 2015. Es el nodo central desde donde se define la operación internacional en 12 países.
  • Bestsea Blue S.A es el único accionista de Fast Moda S.A.S. en Colombia. Su presidente es el abogado Danilo Adames.
  • Malta Blue S.A. es la sociedad panameña que precedió a Bestsea Blue como dueña de la operación colombiana. Su rotación constante es parte de la investigación por lavado.

Tras bambalinas: las autoridades mantienen el foco sobre los creadores originales, los hermanos Max y David Abadi, debido a lo que denominan un “ecosistema empresarial integrado”.

  • Los Abadi son descendientes de la familia fundadora de la textilera Lafayette. Se investiga si la infraestructura de esta empresa fue utilizada para la triangulación de recursos.
  • Pese a la venta en 2015, los Abadi han liderado pleitos estratégicos años después, como la disputa contra el Grupo Éxito por el registro de marcas, lo que sugiere que mantienen una influencia real sobre el negocio.

Las cifras: los estados financieros de Fast Moda S.A.S. al cierre de 2024 presentaron el perfil típico de una expansión relámpago bajo sospecha:

  • Ingresos: COP 514.881 millones.
  • Indicador de endeudamiento: 89,6 por ciento.
  • Patrimonio: COP 31.867 millones frente a activos superiores a los COP 295.000 millones.
  • El análisis: este desequilibrio patrimonial sugiere que la expansión masiva de más de 500 puntos de venta fue financiada por inyecciones de capital externo que ahora la Fiscalía vincula con actividades ilícitas y facturas de papel.