Cerro Matoso, la cuarta mina de níquel a cielo abierto más grande del mundo, ha entrado en una fase de alerta. El detonante es una solicitud de su proveedor, Canacol Energy, ante una corte de Alberta (Canadá) para rescindir los contratos vigentes de suministro de gas natural.
Por qué importa: el gas natural no es un insumo opcional, es el corazón de la operación en Montelíbano, Córdoba. Existe temor por los 2.000 empleos directos e indirectos (74 por ciento mano de obra cordobesa) y por los programas sociales que en 2025 recibieron COP 10.600 millones.
- Dependencia crítica: Canacol aporta aproximadamente el 80 por ciento del consumo energético de la planta.
- Hornos en peligro: dos hornos operan 24 horas diarias y requieren un régimen térmico constante. Un enfriamiento súbito causaría daños estructurales catastróficos.
- Costo de reparación: restaurar cada unidad dañada costaría entre COP 550.000 millones y COP 730.000 millones, con tiempos de inactividad superiores a diez meses.
El panorama completo: un cese de actividades no solo golpearía las utilidades de la minera, sino las arcas del Estado colombiano.
- Pérdidas diarias: se estiman perjuicios de COP 5.100 millones diarios para la compañía y COP 1.000 millones diarios para el país por menores ingresos tributarios y regalías.
- Producción: dejarían de producirse cerca de 95 toneladas de níquel al día.
- Histórico de aportes: En 2025, la compañía generó más de 2.000 empleos y aportó COP 334.570 millones en impuestos y regalías.
Entre líneas: Esta crisis ocurre luego de que la antigua propietaria de la mina, la multinacional australiana South32, ejecutó su salida definitiva de Colombia.
- La venta: South32 ejecutó en diciembre de 2025 la venta de Cerro Matoso a CoreX Holding, del empresario turco Robert Yüksel Yildirim, por unos USD 100 millones.
- La razón de fondo: Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, señaló que la South32 prefería invertir en países con mayor “estabilidad jurídica” y márgenes más altos en metales como cobre y zinc.
En contexto: la empresa ha navegado por un mar de litigios y presiones sociales.
- Jurisprudencia: la Corte Constitucional (Sentencia T-733/17) documentó irregularidades ambientales y de salud en las comunidades étnicas circundantes, ordenando procesos de consulta previa y nuevas licencias ambientales.
- Medidas preventivas: en noviembre de 2023, la ANLA impuso medidas preventivas por vertimientos de aguas residuales que superaban los límites permitidos en el proyecto Queresas y Porvenir.
- Arbitraje internacional: Colombia fue condenada inicialmente por el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) a pagar USD 9,5 millones a South32 por la imposición retroactiva de regalías e impuestos en 2019. La ejecución del fallo está suspendida por una solicitud de anulación.
Lo que dicen: Cerro Matoso calificó la movida de Canacol como “improcedente y arbitraria”. Confían en que las autoridades colombianas resguarden el orden público económico, ya que el contrato se rige por legislación nacional y no canadiense.
El panorama: la disputa ocurre en un momento de escasez de gas en Colombia, donde el combustible importado ya representa el 23,75 por ciento del suministro total. El desenlace de esta batalla legal en Canadá definirá no solo el futuro de una de las mayores exportadoras del país, sino la estabilidad energética de la Costa Caribe.