Más de quinientos días después de la aprobación de la Ley 2277 de 2022, la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) para transacciones menores a COP 18 millones mensuales permanece bloqueada.
- La falta de un sistema tecnológico unificado y la dependencia del Estado de los COP 14,8 billones que recauda este tributo anual mantienen en suspenso un alivio que beneficiaría al 80 por ciento de la población.
Por qué importa: la parálisis en la implementación de la ley le cuesta a cada usuario hasta COP 800.000 anuales. El retraso afecta principalmente a los ciudadanos con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y contradice el esfuerzo gubernamental por digitalizar la economía y reducir el uso de efectivo.
El panorama general: la reforma tributaria de 2022 eliminó la obligación de marcar una única cuenta exenta del impuesto conocido como 4×1.000. El nuevo modelo permite que todas las cuentas de una persona queden libres del tributo si la sumatoria de movimientos mensuales no supera las 350 Unidades de Valor Tributario, equivalentes a unos COP 18 millones.
- Aunque el esquema debió arrancar el 13 de diciembre de 2024, el sistema financiero continúa operando bajo las reglas antiguas.
Entre líneas: un muro tecnológico impide el cumplimiento de la norma.
- El sistema requiere una plataforma de trazabilidad en tiempo real que conecte a los bancos con más de 1.500 cooperativas y fondos de empleados.
- Mientras los grandes bancos aseguran que ya desarrollaron su infraestructura, el sector cooperativo enfrenta rezagos técnicos que impiden consolidar la información global de cada usuario.
Lo que dicen: diversas posturas dejan entrever que no ha sido fácil conciliar las posturas entre los actores encargados de hacer funcionar la nueva reglamentación:
- Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, manifiesta que: “los colombianos pagan un impuesto que desde el año 2024 no tendrían por qué haber pagado. El 98 por ciento del sistema financiero tiene la tecnología desarrollada hace quinientos dos días y el bloqueo hoy se reduce a una decisión política”.
- El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, señaló al diario La República no hay “falta de voluntad en el gremio” y que para aplicar la normativa se necesita una entrada escalonada con las entidades ya preparadas.
- “El artículo 881-1 del ET exige un sistema que consolide toda la información necesaria para aplicar la exención prevista en el numeral 1 del artículo 879 del E.T. sin necesidad de la marcación de cuentas”, indicó la DIAN al diario El Tiempo.
En contexto: el tributo nació en 1998 como una medida temporal de 2×1.000 para rescatar a la banca pública tras la crisis del sistema UPAC.
- Veintiocho años después, es un impuesto permanente y criticado por antitécnico, que recauda el 5 por ciento del total tributario nacional.
- Diversos estudios señalan que el gravamen aumenta las tasas de interés de los préstamos, reduce la rentabilidad del ahorro y fomenta la informalidad.
Lo que viene: la presión legislativa y judicial aumenta. El Congreso tramita un proyecto de ley que propone eliminar el impuesto de forma progresiva en siete años, desde el 2026.
- Simultáneamente, la justicia ya admitió demandas colectivas que exigen a los bancos y al Estado la devolución del dinero recaudado indebidamente desde que venció el plazo de implementación.