El presidente Gustavo Petro anunció la expedición de nuevos decretos para forzar el traslado de COP 25 billones desde las administradoras privadas hacia Colpensiones. Esta decisión busca sortear la suspensión del Consejo de Estado, que bloqueó el movimiento de recursos alegando una extralimitación de funciones del Ejecutivo,
- Mientras, la Superintendencia Financiera investiga la retención de COP 8,7 billones pertenecientes a ciudadanos ya pensionados.
Por qué importa: El anuncio del Ejecutivo marca una escalada en la disputa por el control del ahorro pensional y la liquidez estatal. Petro utiliza sus facultades de inspección y vigilancia para presionar a las entidades financieras y asegurar fondos para Colpensiones en un momento de alta presión fiscal.
La nuez: la urgencia del Gobierno por ejecutar este traslado revela la necesidad de aliviar el déficit fiscal que aqueja al presupuesto nacional.
- Asofondos y Fedesarrollo, así como la Contraloría, advierten que el Ejecutivo pretende convertir el ahorro pensional de largo plazo en flujo de caja inmediato, aunque de manera indirecta.
- De fondo, la administración Petro busca centralizar estos capitales para asegurar la sostenibilidad operativa inmediata de Colpensiones, liberando recursos de inversión del Estado.
El panorama general: en esa medida, anunció el presidente, impartirá nuevos decretos y resoluciones en virtud de esa función constitucional para, según dijo, defender el ahorro del público frente a los fondos privados de pensiones.
- El mandatario fundamenta estas acciones en el artículo 189 de la Constitución Nacional
- Alega que los propietarios de los fondos vulneran el mandato popular al no transferir los ahorros de quienes migraron al sistema público.
Entre líneas: la movilización de estos recursos enfrenta un bloqueo judicial. El Consejo de Estado suspendió los efectos del Decreto 415 de 2026, el cual ordenaba el traslado masivo de COP 25 billones.
- El tribunal considera que el Gobierno desbordó su potestad reglamentaria al intentar modificar la Ley 2381 de 2024,
- Esa normativa establece que el dinero debe permanecer en las administradoras privadas hasta que el cotizante efectivamente se jubile.
En contexto: la Superintendencia Financiera inició investigaciones por la presunta retención de COP 8,7 billones correspondientes a 32.803 personas que ya reciben su mesada pensional por parte de Colpensiones.
- Por su parte, Asofondos sostiene que el 70 por ciento de estos recursos están invertidos en Títulos de Deuda Pública (TES)
- El gremio sostiene que su traslado prematuro afectaría la estabilidad de los mercados y el futuro pensional de los trabajadores.
Lo que dicen: Petro manifestó frente a la posición de los fondos privados de pensiones que y la decisión de la Corte que “están vulnerando la competencia del presidente y están vulnerando la Constitución de Colombia, y también se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano”.
Lo que viene: la Casa de Nariño planea utilizar resoluciones administrativas para obligar a los fondos a ceder los activos antes de que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la reforma pensional. El resultado de este pulso definirá si prevalece la seguridad jurídica de la propiedad individual del ahorro o si el Ejecutivo logra integrar estos COP 25 billones al fondo público.